Debate entre un forense argentino y otro español sobre políticas de memoria
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 17/06/2010
"Siento mucha envidia. Es sana, pero envidia. Porque allí, habiendo pasado menos tiempo, con muchas menos víctimas y menos drama que en España, han ido mucho más allá que nosotros", confesaba Fausto Canales, de 75 años, hijo de un fusilado en 1936 cuyo cuerpo fue robado y enterrado en el Valle de los Caídos, tras escuchar a Luis Fondebrider, director y fundador del Centro Argentino de Antropología Forense. Fondebrider acababa de hacer un balance de las políticas de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura argentina inimaginable para las de la española: 1.000 procesos judiciales abiertos, 634 procesados, 101 bebés robados recuperados, 350 cuerpos identificados y un banco de sangre propiedad del Estado con 6.500 muestras para poder poner nombre y apellidos a más víctimas.
Fondebrider: "En Argentina no se abre una fosa sin permiso judicial"
Etxeberria: "Los jueces solo han intervenido en tres fosas de 200"
EL PAÍS reunió a Fondebrider y lo más parecido a su homólogo español, Francisco Etxeberria, forense y profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco, que ha participado en más de un centenar de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Durante casi dos horas, hablan sobre lo que el Estado y la justicia han hecho por las víctimas del pasado trágico en cada país, e intentan aclarar por qué en Argentina fue posible perseguir a los verdugos y reparar a las víctimas casi al día siguiente del fin de la dictadura, mientras que en España, 34 años después de la muerte de Franco, no ha sido posible. Ambos se conocieron en 1993 en Bogotá en un congreso sobre antropología forense y derechos humanos.
- Cómo empezó. "Los primeros decretos del nuevo Gobierno, casi inmediatamente después de la dictadura, fueron para crear una comisión investigadora sobre lo ocurrido", explica Fondebrider. Era 1983. La presión de los militares desembocó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, similares a una amnistía. "En 1984, un grupo de estudiantes de arqueología, medicina, antropología... fundamos el Centro Argentino de Antropología Forense para atender a los familiares de los desaparecidos, y en 1986 empezamos a recibir pedidos de otras partes del mundo". Los pedidos son exhumaciones y peritajes en países como Sudáfrica, Perú o Sudán. En 2003, el Gobierno anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El relato de Etxeberria es bien distinto. En el año 2000 ayudó a Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a rescatar los restos de su abuelo. Fue la primera exhumación realizada con métodos científicos en España. "Los forenses no tenían experiencia. En estos 10 años hemos tenido que improvisar. Ahora estamos en lo que yo imagino que fueron los comienzos en Argentina, cuando existía incomprensión y los profesionales del mundo académico no se atrevían a intervenir". "Cuando di el primer paso, hubo quien me dijo en mi Facultad de Medicina: 'Paco, ten cuidado. No te metas en este asunto".
- Relación con la justicia. "En Argentina no se abre una fosa sin autorización judicial. En todas las investigaciones hay una autoridad clara, el juez, y una cadena de mando: el fiscal, el perito...", explica Fondebrider. "En España se han abierto más de 200 fosas y la autoridad judicial solo ha intervenido en tres", cuenta Etxeberria.
- Relación con el Gobierno. "En Argentina nunca hemos encontrado oposición a esta tarea por parte del Gobierno. En los últimos cuatro años hemos recibido casi cuatro millones de dólares de subvenciones. Un secretario de Estado me dijo una vez: 'Si el Estado ha pagado por picanas eléctricas, ahora debe pagar para ayudar a encontrar a las víctimas".
"En España hay una ausencia de liderazgo institucional", afirma Etxeberria. "Faltan políticas públicas de memoria. Se deja hacer. Hasta ahora, el proceso lo han liderado las asociaciones, que no tienen capacidad para ocuparse del asunto". "Nos fijamos mucho en el Gobierno central, pero la estructura del Estado llega hasta cada pueblo. Allí también hay políticos con sueldo que pueden hacer cosas sin necesidad de que se lo marque una ley, como homenajear a los funcionarios que perdieron su puesto de trabajo. Es higiene democrática".
- Por qué Argentina tan rápido y España tan lento. Fondebrider asegura que la clave del proceso argentino ha sido "la fuerza y la perseverancia de los familiares y los organismos de defensa de derechos humanos". "Si en Argentina hubiera ocurrido algo parecido a lo del juez Garzón, los argentinos habrían tomado el Supremo", afirma. "Cada año, las fuerzas armadas envían al Parlamento una lista de ascensos militares. La lista es revisada por organismos de derechos humanos que estudian si alguno participó en la dictadura. También ha sido muy importante el apoyo internacional. EE UU ha contribuido mucho financieramente, también países de Europa Occidental". Y finalmente una conciencia social. "Hoy en día muy pocas personas cuestionan en Argentina que lo que sucedió durante la dictadura fue un plan sistemático para eliminar a una parte importante de la sociedad".
"El franquismo tiene una sociología instalada hasta nuestros días", asegura Etxeberria. "De todos los testimonios que he oído en las exhumaciones el que más me impresionó fue el de una mujer que me contó que ella había pensado que su padre había sido un canalla, que su muerte era justa, hasta que un día se hizo mayor y se dio cuenta de que la habían engañado y tomó conciencia de la injusticia. A nivel colectivo, muchos españoles piensan aún que Franco nos salvó de algo peor o que fue un genio que nos llevó a la modernidad. La sociedad española aún no se ha hecho mayor".
- Cómo acabará el proceso. Etxeberria es optimista. "Tengo la plena convicción de que va a haber más implicación política e institucional, precisamente tras el drama del caso Garzón. Se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Justicia, no en el de Asuntos Sociales o el de Cultura. Me parece muy significativo. Los poderes públicos tienen que dar un paso al frente y hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Aunque yo creo que la forma de resolver este asunto es a través de una fiscalía especial".
Fondebrider asegura que aún queda mucho. "Estos procesos no se terminan ni en cinco, ni en 10, ni en 15 años, como a veces quieren los políticos. Llevan varias generaciones. Abrir las fosas no es un favor que le hacemos a las víctimas, ni una dádiva de los Gobiernos. Es una obligación".
El CSIC analiza una década de exhumaciones
Luis Fondebrider está en España porque le ha invitado el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para participar en unas jornadas sobre la aplicación de la ciencia en la investigación de casos de violencia política. Fondebrider compartió cartel con Antonius Robben, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Utrecht, quien habló sobre "memoria, duelo y exhumaciones en Argentina y Chile". Después, ambos debatieron con expertos españoles. Todo forma parte del proyecto que está llevando a cabo el CSIC para analizar con juristas, forenses, antropólogos, psicólogos e historiadores, las políticas de memoria en España y el impacto social, cultural y jurídico de una década de exhumaciones.
El trabajo de campo, dirigido por el antropólogo Francisco Ferrándiz, que ha asistido a decenas de exhumaciones desde el año 2000, parece haber probado ya una cosa: "En las fosas, no hay ánimos de venganza, ni afán revanchista. La polémica en torno a este asunto es una polémica sobrevenida, fabricada entre políticos", afirma Ferrándiz.
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