El movimiento social para la recuperación de la memoria histórica está rescatando del olvido determinados episodios trágicos de nuestra historia contemporánea, ligados a la Guerra Civil de 1936-1939 y a la inmediata posguerra, que han permanecido ocultos por diversas causas -miedo, represión, censura, tabú,…- derivadas del forzado silencio que sobre ellos impuso la dictadura franquista.
Sólo recientemente estamos alcanzando a conocer las verdaderas dimensiones de un conflicto que, más que una guerra, se convirtió en un deliberado y metódico exterminio del enemigo político. Esta cruel estrategia de depuración política, que se sirvió de la guerra como contexto y pretexto propicios, dejó un legado de centenares de miles de víctimas entre ambos contendientes. Las víctimas del bando franquista fueron contabilizadas en la Causa General y honradas en multitud de "cruces de los caídos"; mientras que las del lado republicano han permanecido ignoradas hasta ahora, tanto en su conocimiento historiográfico como en su reconocimiento público.
Las víctimas de la guerra y la posguerra conocieron múltiples formas de violación de sus derechos. Asesinatos, violaciones, escarnios públicos, depuraciones laborales, inhabilitaciones, requisas, saqueos, incautaciones, trabajo esclavo, exilio y muchas otras formas de represión están siendo ahora esclarecidas por los historiadores gracias a la documentación que se ha conseguido conservar y, sobre todo, al testimonio de testigos y familiares.
La más cruel de estas formas de represión y la más directamente orientada a borrar la memoria del enemigo fue la del asesinato sin causa judicial y el enterramiento en fosas comunes. Las fosas se corresponden generalmente con un momento inicial de la contienda, previo a la militarización de la justicia mediante los "consejos de guerra" y, como se aprecia en su distribución geográfica y cronológica, desmienten la historiografía de la dictadura acerca de que todos los contendientes fueron igualmente responsables.
El conocimiento de este atroz episodio de "desaparición" masiva intenta no sólo llenar un vacío historiográfico, sino ante todo facilitar que los espacios ocupados por estas fosas sean considerados como "lugares de la memoria", que los restos allí enterrados puedan ser inhumados conforme a la legalidad y al ritual de sus allegados y que esas víctimas ignoradas sean honradas, reconocidas y rehabilitadas públicamente.
Este "Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía" contribuye a este ejercicio de memoria colectiva contra el olvido, al realizar la cartografía de un crimen que debía ser investigado por mandato legal y por coherencia democrática, permitiendo desinfectar las heridas antes de que se cierren definitivamente. El inventario, descripción y localización geográfica de las fosas comunes que dejó la Guerra Civil es un paso más en este proceso de superación del triste y pesado legado que dejó la dictadura franquista.
UNA BAJADA A LOS INFIERNOS
La elaboración del "Mapa de fosas" ha sido una labor colectiva, impulsada desde el Comisariado para la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, con la participación de las asociaciones memorialistas y la colaboración de investigadores universitarios, corporaciones locales, familiares de las víctimas y ciudadanos que han contribuido a la identificación de estos enterramientos.
Entre 2007 y 2009 se procedió a visitar cada uno de los municipios andaluces y a recopilar la información documental u oral disponible. Gracias a la subvención de la por entonces Consejería de Justicia y Administración Pública, la Asociación Memoria, Guerra y Exilio inventarió las provincias de Almería, Jaén y Málaga; la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía hizo las de Cádiz, Huelva y Sevilla; el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica realizó la provincia de Córdoba y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica levantó la provincia de Granada.
Las fuentes de información para la efectiva localización de las fosas han sido en un 90 % de los casos el testimonio oral de testigos, familiares o investigadores locales. Pero además, la consulta de los registros civiles, judiciales y de los cementerios ha permitido constatar la existencia de ejecuciones en esos municipios e identificar los nombres de las víctimas en la mitad de los casos.
Una vez finalizado el trabajo de campo, los datos recogidos en las entrevistas fueron normalizados y codificados en una base de datos común, organizada en una estructura de 21 campos principales y 10 tablas asociadas. Esta base de datos ordenó la información recogida relativa a la identificación de cada fosa, su localización, la descripción de sus características, el relato histórico sobre las circunstancias de su apertura, una estimación del número de víctimas y la enumeración de las actuaciones de monumentación o exhumación que haya conocido.
Esta base de datos fue a su vez revisada y homogeneizada por un Comité Técnico de Coordinación, formado por investigadores de todas las universidades públicas andaluzas. En esta fase de revisión se ha depurado la información textual, se ha completado la documentación bibliográfica y se ha comprobado la localización de las fosas, contrastándola sobre las fotografías aéreas y mapas topográficos del Instituto de Cartografía de Andalucía. Fruto de este último trabajo ha sido la conversión de la base de datos inicial en un verdadero mapa con precisión cartográfica.
Dado que este proyecto de "Mapa de fosas" responde al mandato del artículo 12.2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, una fase obligada de este proyecto consistió en convertir la base de datos al modelo definido por el Ministerio de Justicia, para que esta información pueda incorporarse a lo que la Ley denomina "un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos interesados y al que se incorporarán los datos que deberán ser remitidos por las distintas Administraciones públicas competentes".
La última fase en este proceso de elaboración del "Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía" ha sido su publicación, tanto en Internet como en soporte de DVD. Con estos productos de difusión se pretende que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer estos "lugares de la memoria" y que se aumente la sensibilización social sobre su necesidad de dignificación. Esta producción editorial ha sido una tarea desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Comisariado para la Memoria Histórica de la Consejería de Gobernación y Justicia.
CARTOGRAFÍA DE UN CRIMEN
Como resultado de estos trabajos, se ha constatado la existencia en el territorio andaluz de un total de 614 fosas. La distribución geográfica de estas fosas comunes refleja una concentración en las provincias occidentales, con un límite por el Este que coincide a grandes rasgos con el frente de guerra, estabilizado en febrero de 1937 a lo largo de la línea Peñarroya - Motril. Es en la zona controlada por el "movimiento nacional" donde aparecen la práctica totalidad de las fosas.
Las fechas de apertura de estas fosas se corresponden con esa etapa -entre julio de 1936 y marzo de 1937- previa a los "consejos de guerra" y a la posterior constitución del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Así, el 80 % de las fosas se abrieron en 1936, cuando las ejecuciones en el bando rebelde se realizaban por "aplicación del bando de guerra", mediante lo que se llamaba el "paseo". Las fosas correspondientes a los restantes años de la guerra se localizan en la zona oriental, coincidiendo con la cronología del avance del ejército franquista. También se han localizado 20 fosas posteriores a 1939, reflejando la prolongación de la represión durante la posguerra, en algunos casos contra la guerrilla que resistió en los montes andaluces una vez implantada la dictadura.
A pesar de que estos enterramientos -producto de lo que hoy se tipifica penalmente como "desapariciones forzosas"- se realizaban de forma extrajudicial, la gran mayoría de las fosas localizadas se encuentran sobre terrenos de titularidad pública y el 71 % en los cementerios, ya sea en su interior o contiguas a sus tapias. Del resto, destacan las 90 fosas encontradas al borde de carreteras, caminos o vaguadas y las 17 fosas sobre las cuales se ha edificado.
El inventario de las actuaciones realizadas en estas fosas en los años posteriores a su apertura revela que tan sólo un 24 % de ellas han permanecido ignoradas hasta ahora. Si bien 1976 fue el año en el que se llevaron a cabo más actuaciones de identificación de estos enterramientos, consistentes en la mayor parte en su monumentación, contrastan las 18 intervenciones realizadas durante el franquismo -ligadas a la terminación del Valle de los Caídos- frente a las 202 efectuadas por los ayuntamientos democráticos entre 1977 y 2010.
Estos datos se corresponden con los totales nacionales, ya que en el conjunto de España se han inventariado 2.052 fosas, de las cuales 231 han sido abiertas para proceder a una exhumación científica. Del total de víctimas sin identificar -más de 100.000- han sido exhumados recientemente en toda España un total de 5.277, de los cuales 2.840 proceden del cementerio de San Rafael en Málaga.
UN ACTO DE HOMENAJE
Con la publicación del "Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía", el Comisariado para la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía quiere contribuir al reconocimiento público de las víctimas y a la dignificación de las fosas comunes de la guerra civil.
Esta publicación viene así a dar cumplimiento a los acuerdos del Parlamento de Andalucía, que en 2005 decidió "ayudar a reparar el sufrimiento de sus familiares y amigos mediante actos de homenaje, actuaciones para la recuperación e identificación de los restos y estudios sobre lo realmente acontecido para contribuir a completar nuestra historia" y en 2008 instó a "que los espacios en los que se localicen los restos de las víctimas puedan estar sometidos a un régimen de protección y conservación como lugares de memoria".
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